Coinbase (COIN) presentó un escrito en el caso de la Corte Suprema de EE. UU. relacionado con una solicitud del Servicio de Impuestos Internos de datos sobre cientos de miles de sus clientes en 2016, argumentando que el tribunal debería "proteger los intereses de privacidad de los estadounidenses en la información digital almacenada por proveedores de servicios externos".

La agencia tributaria de Estados Unidos, en una acción durante la primera administración del presidente Donald Trump, había estado buscando registros financieros bajo la postura de que los registros de transacciones de las personas deberían estar disponibles una vez que hubieran compartido su información con un tercero. En este caso, esa parte fue Coinbase. El exchange luchó para reducir la solicitud a través de batallas judiciales y, finalmente, se vio obligado a entregar un alcance mucho más limitado de datos.

"El tribunal debería intervenir para aclarar que la doctrina de terceros no permite que el IRS realice búsquedas de redada", sostuvo Coinbase en su escrito amicus curiae presentado el miércoles en el caso que tiene amplias implicaciones para la privacidad.

En 2020, uno de los clientes, James Harper, un investigador de Bitcoin (BTC), presentó una demanda contra el IRS, acusándolo de extralimitación indebida en su demanda de registros. Años más tarde, Harper, abogado y miembro del American Enterprise Institute, presenta su argumento ante el alto tribunal.

"El anonimato del usuario se desvanece, y la cadena de bloques se vuelve susceptible a una vigilancia fácil, cuando el gobierno adquiere información que le permite hacer coincidir una clave pública o una dirección de billetera con la identidad de un usuario", señaló Coinbase.

"Esta citación de John Doe invadió una esfera en la que más de 14.000 estadounidenses tenían una expectativa razonable de privacidad contra un rastreo sin orden judicial del IRS para obtener una gran cantidad de información personal y financiera", argumentó la compañía.

En representación del caso del gobierno, el Departamento de Justicia había argumentado previamente que "una persona carece de una expectativa razonable de privacidad en la información proporcionada voluntariamente a un tercero, incluidos los registros bancarios que le pertenecen".

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